Asociaciones y familiares de víctimas de femicidios que marcharon en pedido de justicia fueron multados por la policía local.
La provincia de Jujuy es una de las jurisdicciones de la Argentina que lideran uno de los más tristes ránking: el de femicidios. Todos los años se cuentan de a decenas y la preocupación de la ciudadanía ante la inacción de los funcionario públicos aumenta a diario.
Recientemente una marcha encabezada, entre otros, por la reconocida asociación “padres y madres del dolor” y acompañada por cientos de familiares de víctimas de estos delitos, fue intervenida por la policía local que se dispuso a elaborar actas de infracción motivadas en la protesta.
Este insólito hecho no es nuevo. La gestión del gobernador Gerardo Morales se caracterizó por reprimir y amedrentar cualquier reclamo social desde el día uno. Multas, balaceras, represión y encarcelamiento es la metodología más utilizada por la policía bajo las órdenes de los funcionarios de gobierno.
La elección de hacer oído sordo a las protestas es una habitualidad del gobierno. Las reparticiones creadas por el gobernador Morales, con reparto de presupuesto y cargos con importantes salarios para atender los casos de femicidios no solo no logran frenar esta masacre sino que además tampoco se constituyen como área de contención de allegados.
