Será presentado para su aprobación en el Congreso un proyecto de Ley que busca estimular las inversiones en agroindustria hasta 2030 y que pretende incrementar las exportaciones en 7.000 millones de dólares y generar puestos de trabajo
Las 5 claves del proyecto de desarrollo agroindustrial
El nuevo régimen está previsto para incentivar la producción agroindustrial hasta 2030 y contempla una serie de ventajas impositivas detalladas a continuación:
Beneficios impositivos
La norma prevé la amortización acelerada en 3 años -actualmente, de 10 años- o acorde al tipo de inversión en cada sector del agro (en la olivicultura es de 40 años).
Para inversiones en construcciones -excluida viviendas- y de infraestructura, establece que la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas será la que surja de considerar su vida útil, reducida al 50% de la estimada.
Por otro lado, se prevé la devolución de IVA para inversiones en un año, cuando hasta ahora se realiza en 4 años promedio, lo que “beneficiará y alentará a plantas frigoríficas, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado y planta de tratamiento de frutas, entre otras”, acorde al documento.
Los interesados en acceder a los beneficios dispondrán de una “ventanilla única digital” para mayor celeridad al momento de hacer trámtes.
Los controles posteriores verificarán el cumplimiento considerando indicadores tales como volumen de ventas, volumen de producción física, volumen de exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado o inversiones realizadas.
IVA
Las actividades agroindustriales que tengan IVA diferentes, podrán computar los débitos fiscales generados por tales operaciones. Esto beneficia a carne porcina, entre otros.
Impacto para las economías regionales
El proyecto prevé un crecimiento en las economías regionales en cuanto a la posibilidad laboral de sus habitantes. Estiman para 2026 haber aumentado a 89.500 los puestos de trabajo directos, en especial en la producción de yerba, limón, arándanos y dulces cítricos.
Beneficios a la producción ganadera
El régimen establece que los productores, ante la valuación de hacienda vacuna a los fines del impuesto a las ganancias, “podrán optar por valuar sus existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde”.
En ese sentido, la norma abarca a la hacienda cuyo peso promedio sea igual o superior a los 400 kilogramos vivo o que esos animales presenten un rendimiento en playa de faena de 225 kilogramos res con hueso en gancho.
También dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias durante los años de engorde y lo harán cuando los productores vendan los novillos.
Además esto aumentaría la cantidad de carne para consumo en más de 60 mil toneladas anuales.
Con el propósito de incrementar la productividad de la ganadería vacuna, la ley prevé beneficios promocionales que alcanzarán a los ganaderos que obtengan, “con respecto al promedio de los tres últimos ejercicios fiscales, aumentos en los porcentajes de destetes de terneros logrados o aumento del peso promedio de los animales enviados a faena“.
“Esto tendrá el mayor efecto esperado en porcentajes de destetes -la Argentina está paralizada en ese aspecto desde hace 20 años- y de esa manera habrá más carne en el mercado“, prevén los autores del proyecto.
Promoción industrial para la producción sostenible
La norma se propone incrementar el uso de semilla fiscalizada de especies autógamas de producción nacional y estimular la producción sustentable empleando fertilizantes e insumos, incluyendo los biológicos.
Se estableció también un certificado de crédito fiscal intransferible, hasta el 50% de los gastos y erogaciones deducibles del Impuesto a las Ganancias correspondientes a adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos y fertilizantes e insumos biológicos, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas.
Ese certificado podrá ser utilizado por el término de 24 meses desde su emisión para la cancelación del Impuesto a las Ganancias o de sus respectivos anticipos y/o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, y no podrá dar lugar a saldos a favor ni a reintegros o devoluciones por parte del Estado Nacional. Este plazo podrá prorrogarse por 12 meses, por causas justificadas según lo establecido por la Autoridad de Aplicación.
Impactos acumulados a 2026
De aprobarse el nuevo régimen de producción agroindustrial, la entidad agraria autora del proyecto estimó que hasta 2026 habrán conseguido los siguientes objetivos:
- Incentivos a la inversión – amortización acelerada: 4.300 millones de dólares
- Promoción al uso de insumos: aumento de 6.144 millones de dólares en exportaciones y la creación de 167.000 puestos de trabajo
- Economías regionales: incremento de 1.445 millones de dólares en exportaciones y la creación de más de 89.000 puestos de trabajo
- Incentivos a la invernada: alrededor de 1000 millones de dólares.
