Las ciudades limítrofes están con alta tasa de contagios y una importante letalidad.

El vecino país de Bolivia y la limítrofe provincia de Salta están atravesando una preocupante situación social y sanitaria por un nuevo aumento pronunciado de los casos de contagios de coronavirus y la alta letalidad provocada desde la llegada al país de la ya conocida “segunda ola”.

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz debió dar marcha atrás con su plan inicial de adelantar las elecciones legislativas locales pautadas para los primeros días del mes de julio. Esto sucedió luego de una serie de denuncias de los dirigentes políticos de la oposición que, avalados por datos del sistema sanitario nacional y salteño, cuestionaban la irresponsabilidad de aglutinar personas en las mesas de votaciones.

En esa provincia, además, se optó por limitar nuevamente la circulación e imponer una estricta cuarentena en la gran mayoría de las ciudades del interior. La preocupante situación obligó a tomar medidas drásticas similares a las adoptadas en los peores momentos de contagios.

Por su parte, en Villazón, ciudad de Bolivia que se encuentra a solo unos metros de la ciudad fronteriza jujeña de La Quiaca, se evidencia un notable aumento de casos de Covid-19 y una situación de desborde sanitario que motivó a las autoridades bolivianas a gestionar acuerdos con la Argentina para permitir los hisopados y la atención mínima indispensable en salud en nuestro país.

Toda esta situación parece, sin embargo, no mutar al gobernador jujeño Gerardo Morales. El máximo mandatario provincial mantiene su capricho de obligar a los jujeños a concurrir a las urnas en pocas semanas y en medio de un importante rebrote de casos.

Tampoco parece amedrentar a Morales el hecho de que desde el propio Hospital San Roque los profesionales de la salud alertan a diario sobre la poca disponibilidad de las camas de terapia intensiva.

Cabe recordar que durante el segundo semestre del año pasado, el sistema de salud provincial sufrió una importante saturación que impidió que muchas personas pudieran ser atendidas con las mínimas e indispensables garantías de seguridad y salubridad en sus ingresos o accesos a los centros sanitarios.