El lamentable suceso abre nuevamente el interrogatorio sobre las clases presenciales.

Hace poco tiempo Jujuy fue una de las primeras provincias del país que, por mandato del propio gobernador Gerardo Morales, insistió ante el Gobierno Nacional sobre la posibilidad de que alumnos y docentes vuelvan a las clases de manera presencial dejando atrás la virtualidad impuesta desde la aparición del Covid-19.

Luego de efusivas conversaciones que se dieron dentro del Consejo Federal de Educación que agrupa a los ministros de educación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, finalmente las autoridades nacionales y jurisdiccionales decidieron la vuelta a las aulas.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se impusieron excesivos requisitos sanitarios como condiciones de habilitación de la presencialidad de la educación. Muchos fueron avalados y algunos otros dejados arbitrariamente de lado.

Así la vuelta, las provincias a través de sus comités de emergencia, terminaron de darle forma al encuentro de docentes con sus educandos.

Sin embargo desde aquella apertura, la provincia de Jujuy cumple un muy lamentable récord: es la jurisdicción del país en donde más docentes perdieron la vida luego de contraer la enfermedad del coronavirus.

Más de una decena de jujeños profesionales de la salud fallecieron como consecuencia del cOVID-19. El número llamó la atención incluso del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien ya pidió informes a la provincia acerca de los trágicos sucesos y las medidas implementadas para contener el grave acontecimiento.

Los profesionales de la educación acusan puntualmente al gobernador Morales de no asegurar la vacunación de los docentes que están en primera línea de riesgo sanitario. Sostienen asimismo que en la gran mayoría de las escuelas y colegios no se cumplen con las medidas sanitarias básicas de protección.