Al contundente paro de transporte que durante el día de ayer tuvo como rehenes a los ciudadanos que en medio de enojos y malestar intentaban encontrar alternativas para sus traslados, se les sumaron además las jornadas de protesta de los estatales y los docentes.
Si se le adiciona la preocupación de los mineros por el cierre de Mina Aguilar, la semana se vuelve caótica para los funcionarios provinciales que no hacen más que levantar el teléfono a sus pares del gabinete nacional en la búsqueda por obtener los recursos necesarios para ir dando respuestas.
En el caso de los transportistas, la pelea puntual con el gobierno de Gerardo Morales se da por el retraso en el pago de los salarios y por un recorte de los mismos que sufrieron ya varios de los trabajadores. El llamado a una conciliación obligatoria por parte del ministerio de trabajo no fue acatado por los choferes.
Los docentes reclaman mejoras edilicias para poder dictar las clases y un cumplimento de las promesas de mejora salarial que hasta el día de hoy no tienen efectividad alguna. Solicitan asimismo terminar con los sorteos que tienen en vilo a toda la comunidad educativa y significan una pésima noticia para los padres, madres y sobre todo los alumnos y alumnas que vienen cursando hace años en las mismas instituciones.
Se sumaron además los representados por el frente estatal. Los trabajadores del Estado se oponen a lo que consideran un “muy escaso” ofrecimientos realizado por el gobierno provincial y buscan una mejora salarial que les permita hacer frente a la inflación y al considerable aumento de la canasta básica en la provincia.
El cierre del año 2020 se intuye será muy complejo para una provincia que goza de una economía en terapia (que además debió atravesar una pandemia mundial) y que debe, por si esto fuera poco, hacer frente una tan grande como irresponsable deuda en moneda extranjera.
