La Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) volvió a la carga para solicitar al Estado políticas para la tenencia de la tierra. El pasado 22 de octubre, acompañado de un Verdurazo en las inmediaciones del Congreso, presentó nuevamente en el Congreso un proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. Esta iniciativa busca que los agricultores familiares puedan hacerse con una porción de tierra ociosa y explotarla para la producción de alimentos con destino en fresco. Además, tiene por objetivo evitar la especulación en los alquileres y mejorar la rentabilidad de la actividad.
El proyecto de ley tiene por objetivo crear un Fondo Fiduciario Público que facilite el acceso a créditos para la compra de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar. De esta manera, se solicita al tesoro nacional la disposición de los recursos y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) los inmuebles necesarios para el arraigo de las familias rurales.
El sistema propone la creación de un Fideicomiso de estructura similar al ProCreAr para desarrollo urbano. De allí su identificación como ProCreAr Rural, aunque formalmente el término no aparezca en la normativa. El texto de ley exige al Banco Nación disponer de créditos blandos por 110 millones de dólares a unas 2000 familias rurales que, según planean desde la organización, accederían a una parcela productiva (de 2,5 hectáreas promedio) con infraestructura y una vivienda por un valor promedio de entre 30 y 50 mil dólares cada una. El plazo para pagarlo se estima entre 15 y 20 años.
De aprobarse la ley, la AABE tendrá un plazo no mayor a 180 días para relevar la totalidad de los inmuebles de propiedad del Estado nacional, de uso público y privado, ubicados fuera del sector urbano que puedan explotarse para la actividad agrícola.
Para ingresar a este fideicomismo el productor rural no podrá registrar inmuebles con anterioridad, deberá estar inscripto en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y deberá tener como principal actividad la producción agrícola, florícola, forestal, acuícola o apícola. Además, una condición para mantener la titularidad de la tierra será producir “reduciendo progresivamente el uso de agroquímicos, así como la toxicidad de los mismos”.
Para la UTT la tercera es la vencida. Cabe recordar que el proyecto fue presentado dos veces con anterioridad, ambas durante el gobierno de Cambiemos. En 2016 la ley no se trató y perdió estado parlamentario. En 2018 tampoco fue discutida. Pero en esta oportunidad, el clima político parece ofrecer vientos favorables para la organización. La presentación del proyecto fue acompañada por los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de Agricultura, Luis Basterra, junto a algunos funcionarios de peso como Victoria Tolosa Paz o Malena Galmarini.
“En Argentina, solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Este proyecto de ley no nace de un repollo. Son cientos de años de conflictos por la tierra”, agregaron desde UTT.
