La Organización Campesina de los Perilagos consiguió que la justicia hiciera lugar al pedido de una medida cautelar que ratificó otra que estaba vigente e impedía avanzar sobre el territorio.

La Organización Campesina de los Perilagos, perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena, denunció el intento de venta de su territorio por parte del gobierno de Gerardo Morales, en Jujuy. 

Con la representación de la abogada Natalia Peñaloza,  el 28 de agosto, la Organización presentó un amparo judicial ante el juez de feria Sebastián Cabana mediante el cual lograron frenar un llamado a licitación pública para la venta de lotes frente al Dique La Ciénaga, que estaba prevista para este 3 y 4 de septiembre. Ayer, además, la organización pidió una medida cautelar de no innovar en el territorio hasta que se resuelva otro amparo judicial que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juez hizo lugar a los pedidos.

La referenta de la Organización Campesina, Florencia González, dijo a Salta/12 que este llamado a licitación para la venta era “ilegal e ilegítimo”. Indicó que va en contra de las leyes que resguardan el medio ambiente, como la ley de bosques y la ley nacional de medioambiente, “afecta los derechos de las familias campesinas-gauchas trabajadoras de la tierra que habitamos en la zona y también los derechos de posibles oferentes”, afirmó. 

González explicó que en 2018 presentaron un amparo ambiental y colectivo con la firma de 16 familias que pertenecen a la organización campesina y en representación de alrededor de 100 familias que viven en la zona de los diques La Ciénaga y Las Maderas. Ese amparo espera resolución en la Corte Suprema. La referenta indicó que si llegara a resultar favorable, cualquier venta debería anularse. “La licitación se presenta con estudios de impacto ambiental hechos a medida y sin audiencias públicas, violando las leyes vigentes”, indicó. Señaló que en ese proceso judicial que se llevó a cabo en la provincia el juez Sebastián Damiano había dispuesto la medida de no innovar, también dijo que el proyecto debía volver a foja cero y quienes trabajaban en él tenían que sentarse a dialogar con las familias.

González detalló que el amparo buscaba que el gobierno decrete la inconstitucionalidad de la ley provincial 6049/17, que se aprobó a fines de 2017. “Esa ley pasó lo que antes era reserva protegida natural a un área de desarrollo sostenible. Pedíamos la inconstitucionalidad porque no sabemos de qué manera se aprobó esa ley, para desafectar un área protegida se necesitan audiencias públicas y estudios de impacto ambiental”, señaló.

Es más, para la referente campesina esto se trata de un negociado inmobiliario consistente en el desalojo de las familias y el desmonte de la reserva natural que es uno de los últimos espacios verdes que queda en Jujuy. Detalló que el proyecto está planteado en tres etapas, “la primera, en la ladera de dique La Ciénaga donde ahora se pretendían licitar 20 lotes de una hectárea o una hectárea y media”. Dijo que en diciembre del año pasado el gobierno jujueño volvió a reactivar el proyecto violando leyes de comunicación y de información, sin audiencia pública, sin consentimiento libre, previo e informado. “Nunca nos hicieron parte como mandaba la resolución de la cautelar. Nos enteramos a través de un comunicado chiquito en un diario local de que había una audiencia pública pero solo se podían hacer llegar por escrito las observaciones. Ni sabíamos en qué consistía porque fue difícil el acceso al expediente y tuvimos que conseguirlo en 10 días, tenía 300 hojas y y era imposible”, sostuvo.

“Presentamos nuevamente ante el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, pedidos de informes, de una audiencia pública, y de estudios de impacto ambiental. Al gobierno presentamos diferentes notas pero no hemos tenido ninguna respuesta”, manifestó González.

La referenta dijo que a pesar de la medida sanitaria de aislamiento por los casos de Covid-19, hay personal de la Agencia que sigue desmontando en cuadrillas y sin protección.

Añadió que la segunda etapa del proyecto es en los parajes Los Laranjos y Las Urracas donde viven familias campesinas y se prevé hacer avenidas y abrir caminos sin tener en cuenta la ubicación de las viviendas de los lugareños. La referenta advirtió que también habrá desmontes, desalojos y desarraigo cultural. Está prevista la venta de lotes. “Ya hay cabañas de fines de semana y no sabemos cómo se han vendido”, puntualizó.

La tercera etapa implica a los parajes Los Cedros, Las Lanzas y Montegrande. “Quieren hacer un Carlos Paz jujeño. Quieren instalar countries, Quemar el monte para instalar una vida urbana”, dijo González.

“Vamos a seguir resistiendo, no vamos a dejar que el gobierno avance sobre nuestros derechos campesinos. Vamos a seguir resguardando nuestra forma de vida, ligada con el medio ambiente y la producción de alimentos sanos para todo el pueblo”, manifestó la referenta.