Prevalece la idea de un bono único a los que tengan 150 millones de pesos. Pero algunos proponen un alícuota permanente a los más acaudalados. Los aliados reclaman medidas para pymes y compensación a las provincias.
Pasaron dos meses desde que Máximo Kirchner y Carlos Heller anunciaron que enviarían al Congreso un proyecto para gravar a los más ricos y el texto nunca ingresó. Llegaría, dicen los voceros del oficialismo, durante junio, pero antes deben cerrar un debate al interior del Frente de Todos y, dato no menor, consensuar lo acordado con los bloques aliados.
“Necesitamos negociar una ley; no un proyecto. No podemos darnos el lujo de perder un debate político y cambiar los artículos de madrugada como en diciembre con la emergencia económica, cuando no nos sobró nada”, explicó a LPO uno de los referentes del bloque de Máximo, que participa las negociaciones. Se lamenta de haber dilapidado estos 60 días que hubieran servido para empezar a recaudar.
En su catarata de entrevistas radiales y televisivas, Carlos Heller, convertido en vocero del proyecto, confirmó en abril que gravará a las fortunas de más de 3 millones de dólares, poco más de 200 millones de pesos a dólar oficial. Calculaba que alcanzaría a 12 mil personas y le aportaría al fisco 3000 millones de dólares.
Junto a Máximo se lo comunicó a Alberto Fernández y Martín Guzmán, pero en aquellos días la falta de un sistema remoto definido para sesionar demoró las gestiones. Con las sesiones en marcha, el proyecto tampoco apareció, sus promotores volvieron a Olivos, pero siguen debatiendo la letra final con los suyos.
“Ellos tienen una interna entre el núcleo duro, que quieren un impuesto fijo y agresivo; y los que prefieren un aporte focalizado. A nosotros, todavía no nos llaman“, aseguró a LPO el referente de uno de los bloques aliados que le garantiza leyes al Gobierno y habla con sus referentes.
Algunos compañeros de Heller, que trabaja desde su coqueta oficina del Banco Credicoop, creen que sus cuentas quedaron atrasadas y sugieren una alícuota de 1.5 a los patrimonios de 150 millones de pesos, pase lo que pase con el dólar. Y subirla hasta 2.5% para los que tengan hasta 500 millones de patrimonio.
Aunque prevalece la idea de crear un aporte fijo restringido a este año, los más duros insisten en pedir un impuesto permanente y están quienes sugieren usar parte de la recaudación para compensar una baja del impuesto a las Ganancias de las categorías más bajas.
“La negociación será una sóla y la ganancia tiene que sentirse. Sino, no tiene sentido“, argumentan. Máximo se jacta de que las encuestas que recibió garantizan un apoyo masivo de la población a cobrarle a “los ricos” y por lo tanto no hay tanto de qué temer.
Advierten que no será tan fácil calcular la recaudación porque nadie sabe cuántas fortunas existen y si se le cobra una sola vez más complicado es calcular qué llegará al fisco.
“La AFIP no puede filtrar datos de los patrimonios, por eso no es fácil confiar en que vas a recaudar 3000 millones de dólares, y menos a cuenta de un costo fiscal que te golpea a los 5 minutos“, explican. Tal vez por esa razón, en las últimas semanas crecieron los rumores sobre tensiones entre el kirchnerismo y la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont.
El destino de la recaudación es otro tema de negociación. No irá a rentas generales y todo o la gran parte se coparticipará con los gobernadores, porque sólo así se puede garantizar el consenso interno y el aporte de los partidos provinciales, que dominan los bloques aliados e impidieron que Cambiemos tuviera mayoría para derogar los superpoderes.
Después de ese gesto, los cuatro cordobeses, los tres misioneros y los representantes de Neuquén y Río Negro harán sentir su voz, cuando los llamen. A varios les preocupa además quiénes serán los millonarios alcanzados. “Teníamos el 40% de la industria funcionando antes de la pandemia y ahora bajó. No podemos caer con un impuesto para cualquiera“, advirtió a LPO uno de los socios oficialistas, que aún espera el llamado y responde a un gobernador que habla seguido con el presidente.
Otra sugerencia del oficialismo es que parte de la recaudación sirva para retomar obras públicas paralizadas en las provincias, necesarias para reactivar el empleo, y de esa forma elevar el costo político de los diputados de Cambiemos que no quieran aprobarlo.
Hasta ahora, la única expresión a favor fue la del gobernador de Jujuy Gerardo Morales, siempre y cuando la recaudación se copartícipe en las provincias. Su voz es respetada en la UCR, pero lejos está de ser decisiva. Tampoco se conectó el jueves pasado a votar contra los superpoderes Eduardo “Bali” Bucca, el presidente del interbloque federal, quien reclama destinar una parte de los impuestos a reactivar a las Pymes.
Está en estudio, como también nuevas ayudas a sectores de salud y a barrios populares, que reclamó el diputado Leonardo Grosso, cercano al Movimiento Evita. Presentó un proyecto de ley que propone un aporte de $5.000 para “trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos comunitarios durante la emergencia sanitaria del Covid 19“.
A Máximo y Heller, además, les interesa identificar los patrimonios en el exterior y si es posible cobrarle más al que tiene la plata afuera hace tiempo, con las facilidades otorgadas por el blanqueo de Macri. No es tan fácil saber quiénes son. Y si se les puede cobrar.
