Diputados se reunieron con abogados nucleados en el colegio profesional para debatir el proyecto de ley que suspende las ejecuciones contra el Estado provincial.
La Comisión de Asuntos Institucionales de la legislatura de Jujuy recibió el día martes a profesionales integrantes del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia para discutir los alcances del proyecto de ley enviado por el gobierno de Gerardo Morales a la casa de piedra, y que pretende anular las ejecuciones contra el Estado provincial.
La iniciativa que ya despertó todo tipo de críticas, incluidos planteos de insconstitucionalidad, fue también analizada por los profesionales letrados con los legisladores provinciales, tanto del oficialismo como de la oposición, en el Salón Marco Paz de la Legislatura jujeña.
Al respecto la presidenta del Colegio de Abogados, doctora Gabriela Igarzabal expresó que “el Colegio está preocupado porque entiende que el proyecto no puede suspender los procesos de ejecución, y que estos gastos tienen que organizarse de otra forma“. Asimismo agregó que “Nosotros como institución somos auxiliares de la justicia, haremos aportes al proyecto para que podamos afrontar esta situación”.
Por su parte, el diputado del oficialismo y presidente de la Comisión, Ramiro Tizón intentó bajarle el tono a la discusión pero terminó dejando más dudas que certezas. “Habrá que ver la manera de ordenar los pagos pero no suspender y menos por largo tiempo, es poner un orden en una prelación como cobrarán los acreedores de juicios del estado”. Sus palabras no condicen con el espíritu de la norma que pretende imponer el gobierno.
En tanto, los diputados de la oposición expresaron su preocupación por el proyecto que según sus primeras interpretaciones afecta gravemente al funcionamiento general del Poder Judicial y se trata ni más ni menos que de una nueva intromisión del poder ejecutivo en una institución que debería funcionar con independencia.
