La sesión que autorizó al gobernador Morales la toma de deuda se realizó en un clima de tensión, pases de factura y chicanas políticas.
La Legislatura de la provincia de Jujuy sesionó finalmente después del mediodía en un marco de estricto control sanitario por la pandemia del coronavirus. Todos los diputados y autoridades de la cámara se presentaron con barbijos y debieron cumplir con la normativa aprobada por el COE.
Todas las miradas estaban puestas en la Ley 6.153 que preveía la autorización para que el gobierno de la provincia pueda pedir una nueva ayuda económica, esta vez por $6.000 millones, al gobierno nacional. Sin embargo, y como se esperaba, los diputados del oficialismo lograron empujar su aprobación acompañados por un puñado de legisladores del bloque justicialista.
Esta última cuestión fue la que provocó gran enojo y acusaciones cruzadas entre los miembros del bloque conducido por Pedro Belizán. La discusión interna centró su eje en la necesidad del nuevo endeudamiento provincial y el monto de la autorización solicitada.
Aquellos que acompañaron la Ley sostenían hasta último momento que no aprobar la iniciativa solo agravaría la pésima situación de la economía jujeña y se convertiría en la excusa perfecta del gobernador para encontrar a quien culpar por un posible incumplimiento de pagos de salarios. Por su parte, quienes se manifestaron en contra argumentaron hasta el hartazgo que Morales cuenta con los fondos para garantizar el pago de los sueldos e incluso los aguinaldos. Mostraron su preocupación además por el ocultamiento de los reales números de las cuentas provinciales.
El bloque de la izquierda rechazó por unanimidad el proyecto en la medida que sostuvo que de ninguna manera el endeudamiento tenía que ver con pagar salarios sino con brindarle al ejecutivo de la provincia “un nuevo cheque en blanco”.
