Este estudio lo llevó adelante Raúl Mur, defensor del contribuyente-usuario y consumidor de Jujuy (CODECUC), calificando a todo esto en un tarifazo y un súper impuesto de la concesionaria Gasnor S.A.

Por otro lado, siempre de acuerdo a la denuncia presentada, explica que “hasta principio del año 2017 el consumo familiar de 408 m3 de gas se pagaba $ 418 y a la fecha (Set 2019) cuesta $ 7.241. Por todo lo que se ha ejecutado con total impunidad de haber incrementado 24 veces el precio del servicio, esto es un gigantesco ilícito de apropiación indebida de recursos de los usuarios, hecho que habrá que investigar y denunciar a los responsables. Esto es a causa de acuerdos oscuros y nada transparentes entre funcionarios nacionales y la empresa. Por el descontrol y complicidad del Ente nacional Regulador del Gas (ENARGAS). La Constitución en su Art. 43 claramente establece su intervención. Al actual Defensor del Pueblo de Jujuy le corresponde su remoción inmediata por parte de la Legislatura, a los fines de que otro intervenga judicialmente en defensa de todos los usuarios, También hay otros actores locales que con el silencio miraron para otro lado.

Asimismo, denuncia que “los permanentes y abusivos incrementos del precio del gas en todo el país, han ocasionado un gravísimo daño económico y social irreparable no solo a los usuarios familiares en el hogar sino también a otros diferentes sectores del comercio PYME, emprendimientos familiares, medianas y grandes empresas que tuvieron que cerrar sus puertas, otras disminuir personal y producción, disminución de la calidad de vida, agravado por los otros altos incrementos de otros servicios e insumos”.

“Todos estos abusivos aumentos de precio del gas son injustificados, ilegales y arbitrarios. Son violatorios al Art. 42 de la Constitución Nacional, Ley 24.240 Defensa del usuario, Ley 24076 Reguladora del Gas (audiencias públicas previo a incrementos, que no se llevaron a cabo). Ley 23592 INADI (anti discriminación por cuestiones económicas y otros actos) y Ley de la Competencia (establece la obligatoriedad por parte del Estado de controlar a las empresas monopólicas de servicios publicas privatizados). Nada se cumplió. Por el contrario, no se la controló, se le permitió a la empresa concesionaria a aumentar los pecios del gas, introducir, incrementar y modificar los cargos que se facturan con total libertad y sin límites”, siguió Mur en su descargo.

Por otro lado, informó a El Tribuno que se agregaron nuevos cargos a la factura del gas sin ser notificados. “Hasta hace muy pocos meses a los usuarios nos cargaron en la factura cargos e impuestos improcedentes e ilegales como Fondo Fiduciario FOCEGAS que fue a las arcas de la empresa u otros destinos que nunca supimos que se hizo con ese dinero. También nos cargaron a los usuarios el pago del Impuesto al cheque Ley 25413”.

Por último, explicó que “hoy todavía existen otros cargos ilegales e improcedentes en la factura que corresponde que cesen. Por ejemplo, Impuesto Ingresos Brutos Empresa distribuidora y Transportadora (corresponde que lo pague la empresa). Impuesto Municipal 10 % (sobre lo que se factura por gas- corresponde que la empresa pague una tasa fija) no como un impuesto al usuario. En las ultimas facturas se incorporó otro cargo denominado “intereses” no se sabe porque se factura. Ante este gigantesco ilícito el CODECUC ya inicio gestiones en diferentes ámbitos para que se revierta esta situación”.

Asimismo, Raul Mur informó que ya se presentó ante la Justicia Federal un Recurso de Amparo y Medida Cautelar.